Kristi Noem, Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional subrayó que trabajarán de forma coordinada para prevenir abusos y garantizar que quienes no cumplen con los requisitos legales no reciban beneficios financiados por los contribuyentes
Washington, D.C.- El Secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD), Scott Turner, y la Secretaria del Departamento de SeguridSeguridadInfinita2024$ad Nacional (DHS), Kristi Noem, firmaron este Lunes 24 un Memorando de Entendimiento (MOU) titulado “Programas de Vivienda Estadounidenses para Ciudadanos Estadounidenses”.
Según la nota de prensa, el objetivo del acuerdo es garantizar que los fondos públicos destinados a la vivienda sean utilizados exclusivamente a ciudadanos estadounidenses y no a personas sin estatus migratorio autorizado.
Alianza interinstitucional para reforzar controles
Como parte del acuerdo, HUD asignará a un funcionario a tiempo completo en el Centro de Mando de Incidentes (ICC en sus siglas en inglés). Esta colaboración facilitará el intercambio de datos entre agencias y permitirá implementar mecanismos más efectivos para verificar la elegibilidad de los solicitantes en los programas de vivienda pública y subsidiada.
Prioridad para ciudadanos y residentes legales
“Los impuestos de los estadounidenses deben beneficiar a nuestros ciudadanos, especialmente ante la crisis de vivienda que enfrentamos”, declaró el Secretario Scott Turner. “Este acuerdo nos permitirá enfocar recursos y esfuerzos en quienes legalmente califican para estos programas.”
Por su parte, la Secretaria Kristi Noem subrayó que esta iniciativa busca corregir el uso indebido de beneficios públicos y asegurar que los programas federales se administren con integridad:
“Vamos a trabajar de forma coordinada para prevenir abusos y garantizar que quienes no cumplen con los requisitos legales no reciban beneficios financiados por los contribuyentes.”
Cifras que respaldan el cambio
De acuerdo con el Centro de Estudios de Inmigración, cerca del 59 % de los hogares encabezados por personas en situación migratoria irregular utilizan al menos un programa de asistencia social, lo que representa un gasto estimado de 42 mil millones de dólares. Asimismo, se estima que 9 millones de personas ocupan viviendas públicas o subsidiadas sin que exista un sistema efectivo para verificar su estatus migratorio.
Cumplimiento de la ley en agencias de vivienda
Como complemento del acuerdo, la Oficina de Vivienda Pública e Indígena (PIH) del HUD ha instruido a las agencias participantes en el programa Moving to Work (MTW) a cumplir con la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980, la cual prohíbe otorgar asistencia financiera a personas sin estatus migratorio autorizado con fondos federales.
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