Por Héctor Benítez Cañas
Probablemente, el inicio de las medidas de inmigración más contundentes de EEUU se ha generado a partir del 19 de febrero, cuando se produjeron dos cambios importantes tras las ordenes ejecutivas dictadas por el presidente Biden.
El primero, ICE (Immigration and Customs Enforcement) publicó una guía provisional para las prioridades de deportación y cumplimiento de la inmigración civil. Esta guía se basa en tres prioridades:
- Seguridad nacional (relacionada principalmente con el terrorismo, el espionaje y otras amenazas a la seguridad nacional).
- Seguridad fronteriza (aquellos detenidos mientras intentaban ingresar ilegalmente a Estados Unidos el 1 de noviembre de 2020 o después, o que no estaban físicamente presentes en antes del 1 de noviembre de 2020).
- Seguridad pública (aquellos que representan una amenaza para la seguridad pública y tienen una condena por «delito agravado», una condena por ciertos delitos relacionados con pandillas, o al menos 16 años y han «participado intencionalmente» en cierta actividad relacionada con pandillas).
La nueva guía es un cambio positivo que intenta resultados más humanos, sin apartarse de su misión primordial en la ejecución de las órdenes de inmigración. Reconoce así la discreción de la fiscalía y la consideración de factores individualizados en las decisiones de ejecución y establece la obligatoriedad de aprobaciones para llevar a cabo detenciones o deportaciones fuera de las prioridades aquí descritas.
Por otro lado, el DHS anunció un plan para quienes fueron obligados a regresar a México bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP). La fase número uno, para procesar individuos, de manera segura y efectiva en la frontera suroeste, se inició el 19 de febrero.
Este proceso va a aplicar solo a ciertos individuos bajo el MPP, que ya tienen casos activos ante las Cortes de Inmigración, fueron retornados a México y actualmente se encuentran fuera de Estados Unidos. No representa ningún cambio respecto a la aplicación de las leyes fronterizas, por lo que no debe interpretarse como una apertura para que las personas migren a Estados Unidos de forma irregular.
Además, prioriza la salud y seguridad de los estadounidenses y los migrantes durante el proceso, empleando las precauciones necesarias, según las directrices del CDC. Esto incluye la práctica de pruebas de COVID-19 antes de venir a EEUU. También provee un proceso de identificación innovador, con un sistema de triaje en el norte de México para identificar a individuos elegibles.
El registro virtual se hará a través de conecta.acnur.org. Una vez registrados, los individuos elegibles recibirán información adicional sobre cuándo y dónde deben presentarse.
* Héctor Benítez Cañas es abogado de inmigración en Miami. Su firma de abogados Benme Legal se dedica a la práctica exclusiva de la Ley de Inmigración en el trámite de visas para inversionistas, profesionales, deportistas, artistas, entre otros; así como a procesos de naturalización y defensivos ante los Tribunales de Inmigración de Estados Unidos, entre los que destaca el Asilo Defensivo y la Cancelación de la Remoción.
