El Departamento de Justicia llega a un acuerdo con una agencia de contratación que asciende a más de $900,000 en sanciones civiles y pagos retroactivos para resolver acusaciones de discriminación contra personas no ciudadanos de los EE.UU.
Prensa.-El Departamento de Justicia anunció hoy que ha llegado a un acuerdo conciliatorio con una agencia de contratación que cuenta con 36 oficinas por todo Estados Unidos. El acuerdo resuelve la determinación del Departamento que dicha empresa vulneró la ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) al discriminar a no ciudadanos de los EE.UU. con permiso para trabajar en los Estados Unidos cuando los excluyó de oportunidades laborales con base en sus estatus de ciudadanía.
«Los no ciudadanos de los EE. UU. que tienen permiso para trabajar no deben ser excluidos ilegalmente de oportunidades laborales debido a estatus de ciudadanía», dijo Kristen Clarke, la Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. «Se las hará responsables a aquellas agencias de contratación que incurran en dicha discriminación ilegal, incluso si la discriminación se origina con sus clientes».
La investigación del Departamento determinó que, desde al menos el 1 de marzo del 2019 hasta el 28 de febrero del 2022, la empresa en cuestion distribuyó anuncios de empleo que contenían restricciones de contratación ilícitas basadas en el estatus de ciudadanía o de otro modo eliminó a candidatos en función de su estatus de ciudadanía. Estas acciones perjudicaron a los trabajadores a los que se les ha otorgado el asilo o el estatus de refugiado, así como a los residentes permanentes legales, al disuadirles, de manera ilícita, de presentar una solicitud para los anuncios de trabajo y no considerar, de forma significativa, a aquellos que sí solicitaron un trabajo.
En virtud de los términos del acuerdo, la agencia de contratación pagará $690,000 en sanciones civiles a los Estados Unidos y destinará otros $230,000 para compensar a los trabajadores afectados. El acuerdo también requiere que la agencia capacite a su personal en cuanto a los requisitos de la INA, que revise sus políticas de empleo y que se someta a los requisitos de supervisión y declaración departamentales.
